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Piden a Agricultura imitar a Francia y no aceptar frutas con pesticidas prohibidos en la UE

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Los agricultores llevan tiempo pidiendo a la Unión Europea que aplique a las importaciones de frutas y hortalizas las mismas condiciones que exige a los productores locales. Ahora, los agricultores españoles han decidido pedir directamente al Gobierno que no deje importar a España productos que contengan pesticidas no autorizados en la Unión Europea o niveles superiores a los permitidos. 

La organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura en la que pide al ministro, Luis Planas, que «como ha hecho Francia, se plante frente a producciones agrícolas importadas de países terceros que usan materias activas no autorizadas en Europa y que prohíba su entrada durante un año».

Las declaraciones hacen referencia a la decisión anunciada recientemente por el ministro de Agricultura francés, Marc Fesneau, de prohibir durante un año, mediante un decreto, la entrada en Francia de cerezas tratadas con fosmet, un insecticida que acaba con la mosca asiática que ataca a esta fruta y que fue prohibido en la Unión Europea hace más de un año por sus riesgos par la salud y para el entorno. 

En el caso de España, desde Unión de Uniones piden al Gobierno que tome la misma decisión para unos productos fitosanitarios en concreto, los clorpirifos y metil clorpirifos, sustancias que no están permitidas por la Unión Europea pero que son detectadas a menudo en los productos procedentes de países terceros. En concreto, en 2022 se detectaron 193 casos de importaciones de frutas y hortalizas con presencia de esas materias activas. 

Controlar la salubridad de los productos 

Más allá de lo que esto supone en términos de competencia para los agricultores, la entrada de estas frutas y hortalizas también puede suponer, según los estándares de la Unión Europea, un perjuicio para la salud y para el medioambiente. Por eso, desde Unión de Uniones consideran que España debería controlar los niveles de estos fitosanitarios que contienen los productos importados. 

«Si un producto no está autorizado por la Unión Europea, España en las importaciones puede poner un equipo de personas para vigilar la salubridad de los productos importados», dice en una conversación con THE OBJECTIVE Luis Cortés, coordinador estatal de la organización. 

Considera, por tanto, que sí está en manos de las autoridades españolas poner freno a la entrada de estos alimentos. «Entendemos que por motivos de salubridad y por motivos fitosanitarios, España sí tiene competencia para prohibir la entrada en territorio español de productos de frutas y hortalizas tratadas con clorpirifos», afirma Cortés, que insiste en que «si un producto se clasifica como tóxico para el consumidor, se debe prohibir tanto la producción en la Unión Europea como las importaciones«. 

Por eso, aunque su petición inicial se centra en los clorpirifos, la organización apunta también a otros fitosanitarios y «solicita que se realice un análisis de riesgo sobre las importaciones de productos procedentes de lugares en los que se usen sustancias no autorizadas en la UE y, en base a los resultados, se adopten las restricciones que se estimen necesarias para salvaguardar la salud de los consumidores y evitar la competencia desleal», dicen en un comunicado. 

Competencia desleal por unos costes de producción más bajos 

Los agricultores llevan años pidiendo la aplicación de las llamadas cláusulas espejo, es decir, que la Unión Europea aplique a todo aquello que importa las mismas condiciones que exige a los productores de los estados miembro. Y es que consideran que no hacerlo los deja en una situación de desventaja frente a sus competidores de países terceros, pues tienen que afrontar unos costes de producción mucho más elevados que ellos al no poder utilizar ciertos productos fitosanitarios, que suelen ser los más baratos. 

«Es competencia desleal porque nosotros para el control de la mosca y de los insectos tenemos que utilizar insecticidas menos efectivos y mucho más caros«, explica el coordinador de Unión de Uniones, que señala que esto pasa con frutas y hortalizas, pero también con productos como el vino. 

«Produciendo lo mismo, no podemos competir con los costes de producción de Marruecos, o de Egipto, o de Túnez, es evidente que no», decía a este periódico en otra conversación Francisca Iglesias, secretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Almería. «Hacen un gran perjuicio, sobre todo a los agricultores, porque se vende por debajo de costes de producción y a nosotros nos hunde el precio«, añade.

Insiste por tanto Cortés en que, «para ser coherentes con la propia prohibición y los fundamentos que la han ocasionado», no debe aplicarse solo a lo que se produce en los países europeos, sino también a lo que se compra de fuera. 

El norte de África, la zona más beneficiada 

Una de las zonas de donde más se importan frutas y verduras donde se usan estos pesticidas es en el norte de África, en países como Egipto y Marruecos. En el caso de este último es especialmente destacable, puesto que el 46% de las hortalizas que se importan en España proceden de este país, así como el 20% de las frutas, según un informe elaborado por DBK Informa a principios de 2023.

Una cifra que se enmarca además dentro de un contexto de crecientes importaciones de frutas y hortalizas, que aumentaron un 12,8% en 2022, mientras que el valor de la producción descendió un 2,4%, según el mismo informe. 

Egipto y Turquía son otros dos países que han aumentado sus exportaciones a la Unión Europea y que también acaparan los Sistemas Europeos de Alerta Rápida para Alimentos y piensos en los últimos años, según los datos aportados por Unión de Uniones. En concreto, entre los años 2020 y 2022 hubo 1.189 alertas por entradas de frutas y verduras procedentes de estos dos países con materias no autorizadas o niveles demasiado elevados de algunas sustancias sí permitidas. 

Así, con el aumento de las importaciones de estas regiones, ha aumentado también la cantidad de frutas y verduras con pesticidas no autorizados que pueden suponer un riesgo sanitario o medioambiental.


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