El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado este jueves las restricciones de utilización impuestas en 2013 a tres insecticidas considerados nocivos para las abejas, que habían sido impugnadas por los fabricantes Bayer y Syngenta.
Sin esperar a que la Justicia europea tomara esta decisión, la Unión Europea ya había decidido a finales de abril extender esta primera prohibición, centrada en tres neonicotinoides -clotianidina, tiametoxam e imidacloprid-, a todos los cultivos a cielo abierto y no únicamente a los de invernadero.
La Unión Europea dio luz verde al endurecimiento de la restricción del uso agrícola de los tres pesticidas. Así, la utilización de estos productos al aire libre pasará a estar prohibida en los países miembros, aunque si se permitirá su aplicación en invernaderos donde las abejas no estén expuestas, anunció la Comisión Europea, el órgano que impuso la medida.
El futuro de estas tres sustancias, que afectan al sistema nervioso de los insectos, estaba en suspenso desde el año 2013, cuando la Agencia Europea para la Seguridad de los Alimentos realizó una primera evaluación por la que determinó que estos productos son dañinos para las abejas. Ese mismo año, la Comisión Europea restringió su uso en aquellos cultivos que atraen a las abejas, como el maíz o el girasol, una disposición que llegó después de años de reivindicaciones de asociaciones ecologistas y apicultores.
La agencia, con sede en Italia, confirmó en febrero de este año la opinión declarada en 2013, hecho que confirmó la voluntad de Bruselas de ampliar la prohibición sobre estos pesticidas. «Los riesgos señalados por la Agencia Europea para la Seguridad de los Alimentos justificaban la conclusión de que las tres sustancias en cuestión habían dejado de cumplir los criterios de aprobación», explica el Tribunal en un comunicado.
Tras la decisión de 2013, los dos gigantes de los pesticidas, cuyos productos se veían directamente afectados, el suizo Syngenta y el alemán Bayer, pidieron su anulación. Además, Syngenta reclamaba una indemnización de al menos 368 millones de euros, informa AFP.